18-10-2018
NP.- LOS GRADUADOS SOCIALES, PREOCUPADOS POR EL COLAPSO DE LA JUSTICIA SOCIAL EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ Y CEUTA

Los graduados sociales, preocupados por el “colapso”
de la Justicia Social en la provincia de Cádiz y Ceuta
 
El Colegio Oficial de estos operadores jurídicos en Cádiz y Ceuta tiene constancia de señalamientos de juicios para dentro de cuatro años

 
Cádiz, 19 octubre de 2018.-  El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha expresado su preocupación por lo que consideran “colapso” de la Justicia Social en la provincia de Cádiz, tras tener constancia de que los señalamientos de juicios se están demorando cuatro años, hasta el mes de octubre de 2022.

A la falta de medios materiales de instalaciones judiciales “dignas”, se suma la carencia de personal, tanto jueces y magistrados como técnicos y administrativos, que provocan “esta situación de bloqueo, debido a la acumulación de casos pendientes”.

El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, reclama “un plan de choque” para corregir esta situación “que desborda el vaso de la paciencia de todos los operadores jurídicos y actores, y muy especialmente de los justiciables”, señala.

En su opinión, “la Justicia Social aborda cuestiones de gran importancia para los ciudadanos: hablamos de temas muy sensibles, pensiones de viudedad, reclamaciones de cantidades, despidos, situaciones de invalidez, que no pueden demorarse eternamente en los juzgados. Cuatro años de espera para un señalamiento judicial es una situación que nos tiene que llevar a una reflexión sobre la poca eficiencia del sistema y su impacto en la sociedad”.

La solución pasa, en su criterio, “no solo por más medios materiales y de personal, sino por la verdadera especialización de jueces, que puedan resolver con la esperada diligencia en tiempo y calidad de sentencias”, expresa el presidente de estos operadores jurídicos.

Los retrasos de años en señalamientos producen situaciones “difíciles de comprender por quienes son los administrados finales de la Justicia Social y toda la cadena de valor del sistema, incluidos no solo los operadores jurídicos, sino también peritos y otros actores implicados en los procedimientos judiciales”.
 

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